La reducción de la informalidad laboral, la inversión en infraestructura vial y el aprovechamiento de las ventajas ambientales y energéticas son algunas de las prioridades que el Gran Santander debe posicionar en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Así lo planteó Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, en entrevista exclusiva con La Opinión, en la que aprovechó para referirse a los desafíos económicos de Norte de Santander y Santander.
Para Tavera, la formulación de la hoja de ruta del Gobierno nacional debe partir de las necesidades identificadas por los territorios y reconocer las posibilidades de desarrollo conjunto de los dos departamentos.
A su juicio, la agenda regional no puede limitarse a los problemas de la frontera de Cúcuta, sino que debe incorporar una visión de integración que permita aprovechar las capacidades productivas, ambientales y energéticas del Gran Santander.
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Uno de los principales obstáculos para alcanzar ese objetivo, según expuso el directivo, es el rezago en competitividad. El directivo advirtió que la informalidad laboral supera el 60% en la región, una condición que limita la productividad, reduce los aportes al sistema y deja a numerosas familias sin garantías laborales suficientes.
En el caso de Norte de Santander, también llamó la atención sobre los indicadores del mercado laboral. Según las cifras mencionadas durante su intervención, la tasa de desocupación del departamento se ubica en el 11%, frente a un promedio nacional del 8%. Sin embargo, señaló que la informalidad constituye una preocupación de mayor alcance por sus efectos sobre la estabilidad económica de los hogares y la capacidad del territorio para generar empleo formal.
En momentos en que el Gobierno nacional construye con las regiones el próximo Plan Nacional de Desarrollo, Tavera consideró necesario que esta carta de navegación incorpore medidas para fortalecer la agroindustria, elevar la productividad y mejorar las condiciones de seguridad física, especialmente en Norte de Santander, donde los problemas de seguridad también afectan el desarrollo de las actividades económicas.
Infraestructura, agua y energía, prioridades del Gran Santander
En materia de inversión, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos destacó los planteamientos presentados por los gobernadores sobre las necesidades de infraestructura vial. La conectividad, sostuvo, es determinante para reducir los costos de transporte, facilitar la circulación de mercancías y mejorar el acceso de los productores a los mercados.
La agenda regional también debería incluir proyectos férreos, infraestructura educativa y estrategias de seguridad alimentaria e hídrica. Estos componentes, articulados con una política de desarrollo productivo, permitirían atender necesidades sociales y económicas que no pueden resolverse de manera aislada.
Tavera también destacó la importancia de proteger los ecosistemas de páramo de Santander y Norte de Santander, debido a su papel en la regulación y el abastecimiento del agua. A esta prioridad ambiental sumó la soberanía energética, para la cual señaló el potencial de los recursos y proyectos existentes en la región, entre ellos los asociados a Gibraltar.
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La propuesta, en su lectura, consiste en convertir esas ventajas territoriales en oportunidades de desarrollo económico, sin desligarlas de la protección ambiental ni de las necesidades de las comunidades.
Un mensaje al Gobierno nacional
El directivo insistió en que las propuestas discutidas en los encuentros regionales deben traducirse en lineamientos concretos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, consideró necesario que las necesidades expuestas por los mandatarios departamentales tengan continuidad en la fase de formulación y priorización de proyectos.
También destacó el papel de las próximas mesas técnicas, en las que se espera la participación de organizaciones sociales, sectores económicos y comunidades étnicas. Estos espacios deberán complementar los planteamientos iniciales y contribuir a definir soluciones acordes con las condiciones de cada territorio.
El mensaje al Gobierno nacional es que la planificación no se concentre exclusivamente en las prioridades definidas desde el nivel central. Para Tavera, las regiones deben participar en la identificación de las inversiones y en la definición de las estrategias que orientarán el desarrollo del país.
En el caso del Gran Santander, el reto será lograr que las propuestas sobre vías, conectividad, agua, energía, educación y seguridad alimentaria se incorporen de manera articulada a la planificación nacional. Su ejecución sería determinante para mejorar la competitividad regional, reducir las brechas laborales y aprovechar las capacidades económicas de ambos departamentos.
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Al ser indagado en cómo trabaja la Federación Nacional de departamentos para que las necesidades de los territorios se traduzcan en una agenda concreta de proyectos viales, con compromisos institucionales, recursos definidos y mecanismos de seguimiento, Tavera respondió que la necesidad que tienen hoy las regiones es proyectar las obras de infraestructura como un sistema que conecte producción, servicios y oportunidades.
Una vía terciaria pierde buena parte de su valor si no se articula con la red secundaria, y una carretera departamental resulta insuficiente si no tiene continuidad hacia los grandes corredores nacionales, puertos, aeropuertos o los modos férreo y fluvial.
Por eso, las prioridades deberían ser: recuperar y mantener la infraestructura existente, porque muchas regiones no necesitan solo nuevas vías, sino transitabilidad permanente y resiliencia frente al cambio climático; cerrar los corredores estratégicos que conectan las zonas productivas con los centros de consumo y exportación, y avanzar hacia la intermodalidad, integrando carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos y plataformas logísticas.
La viabilidad de dichas iniciativas se fundamenta en la adopción del esquema técnico propuesto por la FND en el Libro Blanco, denominado modelo Bottom-up. Este enfoque transforma el paradigma de estructuración centralista hacia una articulación construida desde las regiones y con sus actores, garantizando una convergencia institucional efectiva que maximice el impacto socioeconómico y consolide las metas de integración nacional.
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